Podría definirse fraude electoral, como aquel conjunto de acciones en busca de alterar voluntariamente los resultados de un proceso electoral, a favor o en contra de alguna candidatura, las características básicas de este proceso son:
Que se pierdan o aparezcan urnas electorales
Se multiplican cedulas de identidad o electorales, para que un mismo elector pueda sufragar en varias oportunidades.
Se alteren las actas electorales después de que estas hubiesen sido suscritas por los delegados de mesa.
Se impida o dificulte la presencia de delegados de partidos de otras corrientes políticas opositoras en calidad de observadores de mesa.
Se obligue a algunos electores que expresen de manera ostensible su preferencia electoral, a efectos de anular su voto si este tiene carácter de secreto, o se coaccione la libre y espontanea emisión del voto.
El precipitado cierre del plazo de inscripción de opositores o electores.
Se desata una persecución de candidatos opositores, con el propósito de desprestigiarlos o anularlos.
El uso indiscriminado de medios del estado a favor de una candidatura especifica, real o subjetivamente (obligación de participar en mítines a empleados públicos, como Ejemplo)
Estas observaciones puntuales, que podemos encontrar en cualquier diccionario de ciencias políticas, nos son, demasiado comunes, en especial en los últimos procesos consultivos que en el pasado cercano se dieron en Bolivia.
Tomo a referencia los dos últimos, el primero “El referéndum ratificatorio o revocatorio de mandato al Sr. Presidente de la República, Vice-Presidente y Prefectos de los nueve departamentos) en junio del 2008 y “El referéndum dirimidor y de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado” en Enero del 2009.
Ambos procesos electorales, fueron observados, en su transparencia, en informes reflejados con preocupación en el “Human Rights Council, tenth sesión, agenda ítem 2” A/HRC/10/31ADD2 el 09.03.2009 emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en su Asamblea General y puntualmente por la delegación de observadores de la C.E.E, acreditada para el segundo proceso.
Las recomendaciones claras, efectuar una profunda auditoria al padrón electoral.
La Corte Nacional Electoral, no solo omitió estas observaciones, si no que valido los resultados en ambos procesos.
La cuantificación del nivel del fraude existente, será subjetiva, entre tanto no se realice esta labor de auditoría, al padrón y al proceso electoral validado.
Un informe investigativo realizado bajo esfuerzo personal y particular de un periodista, con pruebas irrefutables, obtenidas de la propia base de datos de la CNE, logro establecer un porcentaje de un 7%. Aunque estimaciones periodísticas dan cuenta de un nivel mayor de un 18 a 22%.
No deseo entrar en polémica sobre estos porcentajes, lo único cierto es que la actual diligencia de nuestro Primer Mandatario, para habilitar la elección de Bolivianos residentes (legal o ilegalmente) en Argentina o Brasil nos hace presumir que el nivel de fraude en el actual padrón electoral ha llegado a límites de saturación, que no les es suficiente como para permitirles garantizar su re-elección en las próximas elecciones convocadas para diciembre próximo, ante la conclusión del mandato.
Consideremos también, que por alguna razón se darían las auditorias electorales recomendadas, tendríamos, a ambos procesos con serios vicios de nulidad, es decir a un Presidente, no ratificado y a una NCPE no aprobada, la cual debería retornar a su vicio más antiguo, que es el porcentaje de dos tercios de voto de los Asambleístas Constituyentes, requerido para la redacción de su texto y de un articulo.
Para concluir; ratificar la posibilidad de acudir a las urnas este diciembre próximo, entre tanto no se concluya la depuración del padrón contaminado, no se permita el libre acceso a la totalidad del territorio nacional a todos los candidatos y sea eliminada la novedosa practica (ancestral) del voto comunitario, se re-establezca una Corte Nacional Electoral, con un mínimo de confiabilidad o credibilidad. Es irracional.
Que camino adoptar entonces, cuando el mandato del Sr. Evo Morales concluya este mes de diciembre, establecer los mecanismos contemplados en la Constitución para la sucesión y prórroga del mandato a la Presidencia del Senado Nacional, con el único mandato de establecer y administrar un correcto el proceso electoral.
Sera esto posible, considero que soluciones más aberrantes surgieron en el pasado, con el propósito de salvar nuestra democracia.
Por Rene Ichazo
