RE EVALUAR PRINCIPIOS DEMOCRATICOS - UN DESAFIO - BOLIVIA

La teoría democrática, ha sufrido en la historia profundas transformaciones, iniciando, en La Grecia y Roma Clásica, hasta la concepción de democracia Estado-Nación, para culminar en lo que actualmente conocemos como Democracia Representativa.
En distintas maneras la concepción de la participación popular en los asuntos de gobierno, ha sido concebida en modos muy dispares.
En mi última nota culmino con una reflexión, que es necesario un replanteamiento del concepto Gobierno Democrático, por los miembros de la comunidad internacional.
Las urnas no necesariamente otorgan legitimidad a un gobierno.
El tema, de viaja data ya Charles-Louis de Secondat, Barón de La Brede y de Monstesquieu, (1685-1775) plantea la necesidad de la separación de poderes, emulando aquellos conceptos del sistema ingles conocidos como “Checks and Balances”.
En la teoría Democracia Representativa, la respuesta es más sencilla, si en un país determinado no existe por imposición del propio régimen que ejerce el poder, libertad de expresión e información, pluralismo de organizaciones políticas, elecciones periódicas libres, honestas, con voto universal, igual y secreto.
No puede considerarse un gobierno democrático, pese a que en un inicio hubiese nacido de las urnas, que en ejercicio de un poder irrestricto, permite con facilidad torcer el sistema, es por ello que se plantea este cuestionamiento.
En el componente relativo al Estado de derecho el indicador podría consistir en el desacato a un fallo de la máxima autoridad encargada del control constitucional por parte de un poder del Estado, que genere conflicto entre poderes y crisis de gobernabilidad.
En el tema de derechos humanos violaciones graves que constituyan delitos de lesa humanidad.
No es saludable integrar en una sola categoría los conceptos de democracia, estado de derecho y derechos humanos.
Si procedemos así en lugar de fortalecer estas instituciones las estamos debilitando, porque bajo el rótulo de democráticos se escudan distintos gobiernos que acceden legítimamente al poder, pero que lo ejercen sin respeto al estado de derecho o a los derechos humanos.
Y, a la inversa, gobiernos cuyo origen no emana de una decisión libre y soberana del pueblo, con el pretexto del respeto al estado de derecho y los derechos humanos podrían pretender legitimarse a posteriori, ocultando el vicio de origen que los descalifica.
Tal el caso el Cuba, cuyo gobierno no emano de una decisión libre y soberana del pueblo, recientemente fue admitida en el seno de la Organización de Estados Americanos.
EL de Venezuela, cuyo gobierno si tuvo esa legitimidad, emano de la decisión libre y soberana del pueblo, pero que, en el ejercicio del poder interfirió otros poderes del estado, legitimando su re-elección.
En Bolivia se pretende proceder de igual manera, se interfirió el Tribunal Constitucional, La Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, solo la fuerte vocación democrática de un pueblo “fuente de escarnio” para muchos “ejemplo de voluntad democrática” para otros, impidió el control absoluto de la Corte Nacional Electoral, logro, aunque precariamente re-establecer su legitimidad, aunque el proceso de re-empadronamiento, aun tropieza con dificultades, promovidas desde el Ejecutivo.
La Organización de Estados Americanos “OEA”, que inicialmente avalo, con la mayor seriedad la limpieza del padrón electoral, en dos oportunidades, quedo al descubierto, en realidad no realizo auditoria, exigida por muchos, se limito a visitas protocolares, valido el informe presentado por la ex autoridad electoral, funcional, demasiado funcional al Ejecutivo, que se vio obligado a presentar renuncia, reconociendo vicios en el padrón, ante la abrumadora calidad de pruebas presentadas.
Las pruebas e investigación fueron realizadas por la sociedad civil, sin financiamiento, apoyo, aval de institución alguna, la comunidad internacional, solo escucha a Presidentes, algunas de sus organizaciones se han convertido en una especie de “Club de Amigos”.
Las recientes actuaciones de la OEA en los casos de Cuba y Honduras demuestran que ha perdido todo sentido de orientación y justicia con relación a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA no dispensa el mismo trato a todos los países.
Es mejor no tener la Carta Democrática Interamericana si su aplicación va a responder a criterios políticos coyunturales según los cuales se trata de manera desigual y arbitraria a los Estados.
Si se opta por una aplicación imparcial de la misma habría que repensar las relaciones entre democracia, estado de derecho y derechos humanos.
En este contexto, la palabra democracia deberíamos circunscribirla a la forma en la que acceden al poder los distintos gobiernos
Los conceptos de estado de derecho y derechos humanos reservarlos para una evaluación de su ejercicio.
Aceptadas estas distinciones, el problema radicaría en precisar cuáles son los indicadores adecuados que permitan afirmar que un determinado régimen político ha violado la Carta Democrática Interamericana.
No olvidemos que algo similar aconteció recientemente en el seno mismo de la Organización de Naciones Unidas.
Por: Rene Ichazo Paz