POLITICA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BOLIVIA

Los medios de prensa nacional, hoy dedican mucho espacio a declaraciones del un ministro de estado, en relación a un posible encausamiento a todos los vocales de la Corte Suprema de Justicia.
Algunas repercusiones en la prensa internacional.
Se habla de que la calidad de administración de justica en Santa Cruz de la Sierra, me pregunto será que los bolivianos, confían en el sistema judicial?
No solo me refiero a la del departamento de Santa Cruz.
Uno de nuestros dramas, fue y es, el uso de ese poder, por el sistema político.
El gobierno boliviano iniciará un proceso contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, que decidieron cambiar de jurisdicción el caso de la supuesta trama terrorista para atentar contra el Ejecutivo el pasado mes de abril.
Una operación policial ejecutada y dirigida desde La Paz acabó con la vida de tres europeos, detuvo a otras dos personas extranjeras, a cerca de una decena de bolivianos bajo sospecha de estar vinculados con el supuesto grupo terrorista.
Cuatro meses después de que ocurriese el suceso, las investigaciones del fiscal Marcelo Sosa, de una comisión de diputados no han terminado aún, es más me atrevería a afirmar, que hasta el momento la investigación, no fue iniciada, razones, una burda manipulación política.
Una investigación seria no puede iniciar, ni proseguir, si existen presiones para distorsionar la realidad, acomodarla a eventuales conveniencias, que den réditos políticos.
Inicialmente se hablo de un caso de intento de magnicidio, casi inmediatamente después de una planificación secesionista (regional), la verdad es que ni magnicidio, ni secesionismo.
Las conclusiones deben salir de un adecuado tratamiento de prueba e indicios.
No se conocen de manera oficial los motivos y las circunstancias en que fueron abatidos Eduardo Rozsa, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Martín Dwyer.
Dos de los detenidos, el húngaro Elod Toazo y el boliviano croata Mario Tadic, permanecen encerrados en el Penal de San Pedro de La Paz.
El "testigo clave" Ignacio Villa Vargas terminó fugándose tras asegurar que en la fiscalía le obligaron a declarar contra varios líderes políticos y empresarios de Santa Cruz para incriminarlos como supuestos financiadores de Rozsa y sus hombres.
Como si fuese un cometa, apareció en escena un periodista Español “Alonso”, prestó declaraciones, trato de alguna manera de complementar el caso, recibió protección de autoridades de gobierno, luego desapareció.
Medio centenar de declaraciones, decenas de personas supuestamente incriminadas, pero nada conduce a los resultados deseados por el “Yo supremo”.
Únicamente, se conocen los hechos, tres ciudadanos europeos, fueron abatidos en el cuarto piso de un hotel, que no existió posibilidad que presentasen resistencia al arresto, simplemente se los ejecuto.
Un exceso policial?
Es algo que aun no se investigo por lo menos con alguna seriedad.
Los magistrados del máximo tribunal boliviano, decidieron derivar a la Corte Superior de Santa Cruz, la resolución del conflicto de competencias surgido entre un juez de esa ciudad y otro de La Paz, que está procesando el caso pese a que la operación policial, en la que tres europeos fueron abatidos en un hotel, se efectuó en Santa Cruz, al igual que las detenciones de los sospechosos, aunque después fueran trasladados a la sede del gobierno para presentar sus declaraciones ante el fiscal Marcelo Sosa.
Como el dictamen, de la Corte Suprema de Justicia no es del agrado de las autoridades de gobierno, descalifiquemos al Poder Judicial.
Es la manera en la que se conduce el gobierno, acusa, imputa, sin argumentos, ni sustento jurídico, solo móviles políticos.
El “Yo supremo” desea controlar, politizar la administración de justicia.
Prometieron el cambio, uno de ellos fue exactamente este, el no permitir el manoseo, el cuoteo político, en el nombramiento de administradores de justicia; pero aquello no es, ni será una patente de corso, no mal interpreten la voluntad del soberano, como les encanta definir la voluntad popular, aquello no fue una licencia para que ustedes escojan a los miembros de la judicatura, por Decreto Supremo, que sean funcionales, obsecuentes.
Recordemos que de cientos, de casos de corrupción conocidos, solo uno se encuentra “en prisión preventiva”, no se pudo hacer menos, el escándalo fue tal, que fue imposible taparlo.
Pero que, de los demás implicados algunos de ellos, en funciones diplomáticas.
Otros descubiertos en flagrante tráfico de narcóticos, libres.
Doble discurso, doble moral.
Por Rene Ichazo Paz